Con acento hispano

Tiene la situación económica actual una característica muy similar a la que vivimos a raíz del crac del 29, el pasado siglo. El caos que provoca la crisis, nos confunde en un marasmo de decisiones desvertebradas, la mayoría de las veces respuestas a la defensiva a trampas de oso que el atroz afán de los intereses particulares nos lanza. Lo que empezó siendo una falla financiera, se devino después en una puesta en cuestión de la deuda de los Estados y, finalmente, una pérdida de tasas de crecimiento que empieza a afectar a todo el planeta, con Europa a la cabeza con niveles claros de recesión. Si entonces, hace casi 100 años, la única respuesta efectiva que se encontró fue la de un “New Deal” – un nuevo trato -, ahora necesitamos para salir de ésta y reconstruir las bases del sistema de convivencia social, un pacto de ciudadanos en torno al Estado. No es solo cuestión de poner en marcha una serie de políticas más o menos acertadas, sino de recuperar la capacidad ética de lo público para dirigir la situación. La complicidad del actual sistema con los abusos privados, requiere una doctrina de regeneración de los valores comunes, una especie de doctrina social económica que nos recupere moralmente del deterioro absoluto que viven las instituciones a manos de los mercados.

Como nos ha sucedido ahora, las primeras medidas que adoptaron los países ante la crisis del 29 fueron las tradicionales del liberalismo económico: reducir gastos públicos, disminuir salarios, reducir el crédito y la inversión. Los gobiernos practicaron una política deflacionista, disminuyendo la circulación monetaria, manteniendo el equilibrio presupuestario y la estabilización de la balanza comercial. En todos los países se impuso el proteccionismo – incluso en Reino Unido se abandonó el librecambio en 1931-. Esta política deflacionista fue un fracaso, ahondó la recisión económica y aumentó el paro. El capitalismo debía encontrar soluciones nuevas. Roosevelt, presidente demócrata estadounidense puso en marcha un gran proyecto para intentar solventar la crisis: el New Deal. Acometerá, a partir de su llegada a la Casa Blanca en 1933, este nuevo programa gubernamental para recuperar la economía constituida por una serie de medidas desarrolladas entre los años 1933 y 1937 con el objetivo de aliviar, recuperar, socorrer y reformar la economía de los Estados Unidos tras la Gran Depresión. Eran las llamadas tres RS: direct relief, economic recovery, and financial reform. Estas medidas fueron acometidas de forma experimental y con marcada improvisación ante la apremiante realidad social necesitada de una nueva política económica.

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Roosevelt defiende en el New Deal la necesidad de que el estado intervenga en la economía, que se adopte una nueva política intervencionista que permita o facilite la recuperación de la economía, la coordinación y regulación estatal de la actividad industrial americana y el nivel adquisitivo de la población. El tradicional liberalismo económico se tuvo que adaptar así a una creciente intervención del Estado, dando lugar a una economía mixta. Se precisaba la adopción de una nueva medida inédita dada la gravedad de la situación: la intervención del Estado en la economía, algo impensable en aquellos tiempos en los que primaba la filosofía del capitalismo clásico por excelencia, como de nuevo lo ha hecho en nuestros días. Comúnmente, se distinguen dos New Deals. Uno primero, marcado particularmente por los “Cien Días de Roosevelt” en 1933, cuyo objetivo era alcanzar una mejoría de la situación a corto plazo. Se trató, pues, de leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, programas de ayuda para el trabajo, o programas agrícolas. El gobierno realizó así inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de las diversas agencias gubernamentales. Los resultados económicos fueron moderados, pero la situación mejoró. El “Segundo New Deal” se extendió entre 1935 y 1938, poniendo por delante una nueva distribución de los recursos y del poder en una escala más amplia, con leyes sindicales de protección, la Social Security Act, así como programas de ayuda para agricultores y trabajadores ambulantes. No obstante, la Corte Suprema juzgó numerosas reformas como inconstitucionales, pero algunas partes de los programas fueron reemplazadas rápidamente, a excepción de la National Recovery Administration. El segundo New Deal fue mucho más costoso que el primero, y aumentó el déficit público. Por otro lado, a pesar de programas como la Public Works Administration, el desempleo todavía alcanzaba a 11 millones de estadounidenses en 1938.

No hay ninguna prueba de que el New Deal tuviera eficacia en la lucha contra la crisis, que perduró hasta que Estados Unidos movilizó su economía con la Segunda Guerra Mundial. En cambio, su éxito es innegable en el plano social. La política llevada por el presidente Franklin D. Roosevelt cambió el país mediante reformas y no mediante una revolución. Por otra parte, los programas del New Deal fueron abiertamente experimentales y dados los altos costes de este proceso, se podría haber preferido un programa de cambio más completo. Sin embargo, el carácter imperfecto del New Deal permitió una crítica constructiva y una reflexión más pausada que abrió la vía a un clara mejora de la calidad de la democracia estadounidense en los años siguientes y que perdura hasta la actualidad. En materia sindical, la adopción de la Wagner Act permitió el desarrollo de los sindicatos unos colectivos poderosos. Numerosos programas del New Deal todavía permanecen activos, entre los que han mantenido su nombre original están la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), la Federal Housing Administration (FHA), la Tennessee Valley Authority (TVA), pero también el Social Security System, la primera experiencia de Estado del bienestar en Estados Unidos así como la Securities and Exchange Commission en el ámbito de la regulación financiera.

El “New Deal” rooseveltliano no fue otra cosa que en la teoría y en la práctica una nueva forma de reparto de la riqueza en EE.UU. Y si de eso hablamos tendremos que coincidir en que la base de toda idea de equidad se debe centrar en las condiciones salariales y, en su base proporcional, en el llamado salario mínimo interprofesional. En torno a él se estructura la construcción individual de la renta del trabajo. Cuanto más se deprime el salario mínimo, más se deprime la capacidad de consumo, más se deprime la actividad y más se deprime la libertad de las personas. Roosevelt, al que podemos considerar el padre del salario mínimo, no solo por obligó a su estricto cumplimiento legal por parte de las empresas, sino porque además lo subió un 15% como medida de reactivación de la economía, habló de él como el elemento fundamental para lograr la “libertad de vivir”. En una sociedad como la europea y mucho más la española con un 50% de paro juvenil, la única medida efectiva de fomento del crecimiento y de incorporación al mercado laboral es el incremento del salario mínimo. Si no somos capaces de reforzar la base de la fuerza del trabajo será imposible construir empresas competitivas y menos aún, sociedades libres que se articulen clases medias. La becarización de la economía y la depresión de los salarios es una auténtica condena de una década de precarización social a nuestros jóvenes y hace recaer todo el peso de que la rueda se mueva en las generaciones que aún conservan sus puestos de trabajo con altas tasas impositivas y la obligación de hacerse cargo de toda la protección social del Estado del Bienestar. En ellos recae la responsabilidad de no perder a los jóvenes y de cuidar a los mayores. Cada vez menos son responsables de más.

Sorprende enormemente la frivolidad con que organizaciones empresariales articulan el discurso de la reducción de los costes laborales y solicitan muy especialmente la bajada del salario mínimo interprofesional. No caen en la consecuencia lógica de que dicho abaratamiento acarrea empobrecimiento y recesión y, por tanto, lo barato acabará por salirnos muy caro. Como llama la atención que los partidos de la izquierda y los sindicatos no enarbolen como bandera de proa el incremento del salario mínimo como primera medida del fomento del crecimiento. Deberíamos ser conscientes de que si la política fiscal es la principal herramienta de la redistribuición de la riqueza, tras el deterioro sufrido por la sociedad en esta brutal crisis económica, debemos recurrir a medidas de prerredistribución anteriores a la renta, en el origen de su ingreso, que principalmente es la renta del trabajo. Franklin Delano Roosevelt, no pasó a la historia por hacer revoluciones, su sino fue el de uno de los presidentes de los EE.UU, más reformistas, pero si es recordado por ser el único presidente capaz de haber conseguido la reelección tres veces seguidas y por lo tanto disponiendo de cuatro mandatos constitucionales y ello le llevó a ser el presidente más longevo de la Historia de Estados Unidos. Si ha sido de los presidentes más queridos por el pueblo cuando la valoración de los políticos está en mínimos históricos, tal vez convenga recuperar su concepto de “New Deal” y sobre todo recuperar la dignidad de las personas en el justo pago de su esfuerzo de trabajo, su salario. Solo así seremos libres para vivir.

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