Con acento hispano

La prima de riesgo de España, también llamada riesgo país o riesgo soberano de España, es el sobreprecio que ésta tiene que pagar cuando acude a los mercados para financiarse, en comparación con Alemania. Concretamente es la diferencia entre la rentabilidad del bono español a 10 años y el bono alemán a 10 años (Bund). Cuanto mayor es el riesgo de un país, más deberá remunerar éste a los inversores para que adquieran su deuda. Es por lo tanto, la sobretasa (o rentabilidad) que ofrece la deuda pública de España para que los inversores la compren y mide la confianza de los inversores en la solidez de su economía. El hecho de que el patrón de medida sea el bono alemán se debe a que la economía alemana tiene la serie histórica más estable de los mercados europeos. De marzo de 2012 a marzo de 2013, España ha vivido el período más caro para financiarse en los mercados internacionales de las últimas décadas. Con una media superior a los 400 puntos básicos, alcanzó su máximo histórico el pasado 23 de julio al registrar 632 puntos. Pagar los intereses de la deuda implicó el año pasado un desembolso de 28.848 millones, debido al repunte del coste de refinanciación -la deuda emitida para afrontar los vencimientos es cada vez más cara- y al incremento de la deuda en circulación (unos 36.800 millones). Así, el peso de los intereses sobre el PIB volvió a aumentar el pasado ejercicio, hasta situarse en el 2,71% del PIB en términos de caja (2,75% en términos de contabilidad nacional). En 2011, el pago de intereses se situó en torno a los 27.000 millones y en 2010, en 20.000 millones. Indudablemente, el coste de financiación se ha disparado en los últimos años. El bono español a 10 años ha pasado de un 3,7% de rentabilidad a finales de 2006, hasta el 5,3% a finales del pasado año, y en el peor momento de la crisis de la deuda de la zona euro -en noviembre del año pasado- alcanzó el 6,7%.

Por eso la noticia de esta semana que ha situado por debajo de los 300 puntos básicos y a tipos de interés del 4,3% supone un relevante abaratamiento en las condiciones de financiación para el Tesoro español. Con todas las cautelas que debemos tener ante unos mercados especulativos y que viven de la volatilidad, es cierto que la tendencia de los últimos 6 meses es claramente bajista, si exceptuamos situaciones de crisis concretas fruto del resultado de las elecciones en Italia o el rescate de Chipre. De consolidarse estos datos podría producirse una notable reducción del coste de los intereses de la deuda sobre los presupuestos del Estado y, en suma, un ahorro significativo en las cuentas públicas españolas. Cada punto de reducción de los tipos de interés supone un ahorro anual cercano a los 4.000 millones de euros, por lo que si no se produjeran nuevas turbulencias podríamos estar hablando de ahorrarnos en el 2012 unos 6.000 millones de euros. Poder embridar las ansias especulativas de los mercados de deuda es, pues, un objetivo prioritario para las autoridades económicas españolas. De ahí que el Gobierno acometa en el próximo Consejo de Ministros un nuevo paquete de reformas, ortodoxas de austeridad, es decir, nuevos recortes de déficit y me temo que, sin duda, de desmantelamiento del Estado del bienestar. Esta es la trampa del círculo vicioso en que nos han metido: si no recortas, el rating baja, la prima de riesgo sube, los tipos de interés se disparan y el coste de la deuda se hace insoportable. Si recortas el país se empobrece, se ancla en la recesión y los activos se devalúan con lo que para los buitres financieros son más baratos de comprar.

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Romper esa trampa infernal en la que llevan instaladas buena parte de las economías de la zona euro se ha convertido en el reto imposible para cualquier Gobierno. No enfrentarse a las políticas lideradas por la Canciller Merkel y hacerlas compatibles con acciones expansivas que sean capaces de incrementar la demanda y el empleo parece la tarea imposible de llevar a cabo. Hasta ahora la mayoría de los ahorros producidos por los recortes se han venido invirtiendo en el saneamiento del sistema financiero o en palabras más claras y llanas, en capitalizar bancos y cajas endeudadas por inversiones descabelladas en activos inmobiliarios o en deuda pública de países insolventes (Chipre o Grecia por ejemplo). Se supone que una vez destinadas ingentes cantidades a tal efecto – según los cálculos del BCE más de 1,5 billones de euros – deberíamos pasar tan vergonzosa página y dedicarnos a invertir en futuro. Si el mercado nos concede desde su generosidad altruista, dado que no hemos querido controlarlo, ahorros en los intereses de la deuda o si somos capaces de reducir gasto consuntivo en nuestras administraciones, sin pérdida de eficacia o calidad del servicio prestado, el resultado positivo de tales medidas debería invertirse con carácter de emergencia en políticas de crecimiento.

Es posible liberar recursos para crear empleo, algo que en los últimos años parecía imposible, pero falta la determinación de dar un giro absoluto al concepto mismo de la política económica de la Unión. Lo que es aplicable a cualquier país del euro, es ampliable al conjunto de los Estados miembros. Generar empleo debería ser la obsesión de los Gobiernos ahora que los mercados parecen dar una tregua a nuestras deudas soberanas. Y me temo que le podemos dar todas las vueltas que queramos, pero a fecha de hoy, las políticas expansivas siguen pivotando sobre las propuestas keynesianas de inversión pública como motor de la economía. Inyectar dinero al sistema es la única alternativa para salir de la recesión y lo único que necesitamos es voluntad de realizarlo y enfoque para que las inversiones sean productivas. En Estados Unidos, el presidente Obama nos ha dado buenos ejemplos de la audacia que requiere la situación y aunque aún tímidamente se ven sus frutos en materia de demanda y empleo. Podemos verlo también de otra forma: ¿qué habría sido de la economía mundial de no haber llevado a cabo la administración y la reserva federal norteamericana estas medidas de fomento del crecimiento?

En todo caso, no podemos tampoco caer en la ingenuidad de muchos postulados progresistas que creen que con la inversión pública de manera automática se genera empleo. Europa padece una verdadera enfermedad estructural en su mercado laboral y ha demostrado en épocas de bonanza que incluso creciendo a cifras superiores al 4% es incapaz de acercarse al pleno empleo. Y a eso debemos añadir que somos menos productivos que los entornos que nos rodean, es decir, que la eficiencia de los procesos de producción aportan menor valor añadido que nuestros competidores. Corregir mediante reformas esas gravísimas deficiencias de nuestras economías resulta, pues, imprescindible si no queremos malgastar las inversiones públicas para la creación de empleo. Y dicho esto, los ejes principales donde podemos focalizar las políticas expansivas son claras: infraestructuras, I+D+i y servicios sociales. El primero de los sectores es un clásico, pero no por serlo deja de tener sentido. Europa sigue requiriendo de grandes inversiones en proyectos de infraestructuras transnacionales, regionales y locales. Unirnos más, hacer más viable el transporte de mercancías y personas sigue siendo una necesidad, por no hablar de la necesidad de reconversión y mantenimiento de muchas redes viarias, aéreas y portuarias de países europeos. El segundo objetivo se basa en los sectores de vanguardia tecnológica y de conocimiento. La investigación y los procesos de innovación siguen siendo motores de la actividad y tienen un enorme potencial de creación de empleo. Por último, el pilar social dada la pirámide demográfica de la población europea que sigue envejeciendo año a año, requiere de un verdadero sector laboral en torno a la asistencia social.

Nadie duda que debemos seguir tratando de ahorrar, ahorrar en aquello que resulta estéril, obsoleto o innecesario, pero ahorrar para generar recursos que puedan invertirse en regenerar el sistema productivo y, en definitiva, el modelo de sociedad que queremos. Hasta ahora todos los sacrificios se han puesto al servicio de la masa monetaria, sin que esta se haya redistribuido ni eficiente, ni equitativamente. Estamos ante una nueva oportunidad de hacer política para los ciudadanos y, además, podemos hacerlo sin caer en enfrentamientos baldíos entre el norte y el sur de Europa o entre posiciones meramente demagógicas de derecha o izquierda. Otra política de crecimiento compatible con la austeridad es posible, como lo es otra política fiscal de redistribución de la riqueza y más equitativa en los esfuerzos que realizar para salir de la crisis. Tal vez lo único que hace falta es el arrojo del gobernante de tomar la decisión de ahorrar para invertir, de destinar cada euro gastado inútilmente en crear un puesto de trabajo productivo en un sector con proyección de futuro. Es más simple de lo que nos cuentan, solo hace falta algo de conocimiento, sentido común y, sobre todo, creer en el bien común y no en los intereses particulares o partidistas. Una vez más la pelota está en el tejado de nuestros líderes. Esperemos que alguna vez sean capaces de serlo.

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