Con acento hispano

El Tribunal Constitucional portugués ha declarado ilegal la retirada de la paga extra de verano a los funcionarios y a los pensionistas y las rebajas en el subsidio de desempleo y de enfermedad consignadas en el presupuesto general de 2013 del país, aprobado en el Parlamento el pasado año. Las razones en las que se apoya el tribunal son que esa retirada violaba el principio de igualdad a la hora de afrontar sacrificios. Los altos magistrados lusos no cuestionan la capacidad del gobierno de llevar a cabo sus políticas de ajuste, pero si lo hacen en la proporcionalidad de las medidas respecto a las posibilidades de afrontarlas de los ciudadanos. De alguna manera, en realidad lo que han hecho, es demostrar en una sentencia que si existen alternativas a las políticas impuestas por la troika, Bruselas y por imposición disciplinaria de la canciller Merkel. Hay otra forma de repartir los sacrificios a los que la crisis económica obliga, sin romper la base equitativa de la sociedad, sin que acarreen con la peor parte los más débiles o los que no pueden ni siquiera oponerse a tal injusticia. La decisión del Constitucional portugués sitúa a la Unión Europea ante la encrucijada de seguir desarrollando su programa de austeridad y a la vez hacerlo de manera igualitaria. Claro que la Europa burócrata puede hacer oídos sordos una vez más a lo que la democracia en sus distintas expresiones le están diciendo, pero el riesgo cada vez es mayor y en más Estados de la Unión.

Como es natural el primer riesgo al que se enfrenta esa especie de moderna inquisición económica en que se ha convertido la troika – FMI, BCE y Comisión Europea – es el contagio que la decisión de los jueces lusos puede producir en otros Estados que optaron por medidas de ajuste similares. Es el caso claro de España, donde los muy similares recortes llevados a cabo por el gobierno Rajoy están recurridos por los afectados en los tribunales. La presión social en la mayoría de los países del Sur de Europa, los más afectados por sus elevados déficits públicos, pesará como lo ha hecho sobre los togados portugueses. Las legislaciones constitucionales de nuestros Estados democráticos apuestan claramente por el modelo de Estado social de derecho, lo que deja pocas dudas de la interpretación que se debe dar ante los recortes planteados. Ningún ciudadano, por su situación económica, puede verse mermado de derechos en necesidades tan básicas como la salud, la educación o las pagas extras adquiridas como conquistas sociales históricas. Las protestas en la calle se siguen acrecentado a medida que la crisis se alarga y acrecienta su impacto social. Puede que la clase política incapaz de hallar soluciones alternativas se rinda al plan ortodoxo y uniforme decretado por Alemania, pero no creamos que los jueces pueden mirar hacia otro lado cuando se vulneran derechos fundamentales de nuestro ordenamiento democrático.

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Hasta aquí consideraciones de fondo sobre la crucial decisión de los 13 magistrados portugueses. Ahora nos queda esperar las reacciones del Gobierno del primer ministro Passos Coelho, que debe buscar medidas alternativas para ahorrar los 1.200 millones de euros a los que afecta la sentencia del Constitucional. Y, por otro lado, queda también por ver si la troika a la vista de la decisión judicial acepta renegociar los plazos y cantidades adeudados internacionalmente por Portugal, el país rescatado. Pero, no nos engañemos la incógnita más relevante es si el Consejo Europeo y la Comisión son capaces de hacer una lectura coherente de lo sucedido en Lisboa. Facilitaría a todos los Estados afectados por crisis de déficits y deuda, que las instituciones europeas fueran capaces de marcar un nuevo rumbo en los programas de austeridad, poniendo límites en el tipo de medidas a emplear y al peso que sobre los ciudadanos en función de su renta puedan tener. Se trata de reformular los planes de ajustes con una visión más social y menos estadística, una mirada más humana y, sobre todo, más europea. Se debería entender que la solidaridad entre los Estados que forman la Unión y el reparto de los esfuerzos de forma proporcional a las posibilidades de las ciudadanos en cada país, es la única forma de caminar homogénea y armónicamente en el proyecto de la UE.

No es la primera vez que alerto en este blog de los riesgos que tiene perpetuar este camino de pangermanismo insolidario. En los últimos meses hemos vivido tres capítulos especialmente relevantes de rebelión ciudadana y de poderes legales contra las políticas impuestas desde Berlín. El primer severo toque de atención se dio en Italia, en los comicios del pasado mes de marzo. Unos resultados que castigaron especialmente al protagonista impuesto de los planes de ajustes, el ex primer ministro Mario Monti. Con menos de 8% de los votos frente a casi el 20% del Movimiento 5 Estrellas encabezado por el cómico Beppe Grillo. Una crisis política que aún mantiene en vilo cualquier opción de gobernabilidad en el tercer país de la eurozona. Después vino el rescate de Chipre y el esperpento representado ante el mundo con una quita sobre depósitos de menos de 100.000 euros que después ante el plante del parlamento chipriota debió ser retirada. Y ahora llega la sentencia portuguesa de su más alto tribunal. Con toda la legitimidad del sistema democrático que sacralizamos en la Unión Europea, el poder judicial pone fronteras a las medidas impulsadas por Merkel. Tres serios reveses y tres crisis abiertas dos y cerrada en el falso una. Este triste balance unido como he señalado a las posibilidades de contagio en otros Estados, debería también obligar a repensar a las autoridades alemanas sus posiciones.

Negar que hemos avanzado durante los años de la crisis del euro en los mecanismos de salvaguarda de nuestra moneda y de gobernanza monetaria, es absurdo. La crisis nos ha fortalecido institucionalmente, nos ha hecho de la misma forma más fuerte ante los ataques exteriores de los mercados, pero la realidad es que el precio pagado por la sociedad y por los distintos países de la Unión está siendo desequilibrado y dispar. No hemos sido capaces de tejer una red de protección de las familias con más riesgos ante la crisis, de preservar los derechos sociales que tradicionalmente nos han diferenciado modélicamente del resto del mundo. Hemos fallado a los ciudadanos y esa percepción está labrando una tensión en la calle y un deterioro demoledor en los poderes de los Estados y en la clase política. Ha llegado el momento de cambiar de rumbo sin dilación. No podemos permitirnos nuevas crisis. Eslovenia o Hungría ya forman parte de los rumores más malintencionados contra el euro como opciones venideras de nuevos rescates. España sigue representando una realidad endeble que puede tornarse en desastre si el entorno de la eurozona hace empeorar las perspectivas económicas. Demasiados riesgos como para no tomar medidas que logren recuperar la confianza de la sociedad en el proyecto europeo. Necesitamos esperanza, ilusión, visión de futuro y es evidente que las políticas generadas desde Bruselas, hoy por hoy, solo provocan rechazo y estancamiento.

Los magistrados lusos han levantado un muro de vergüenza a las medidas indiscriminadas de recorte. Han dicho basta al desmantelamiento sin más de la protección social. Han sido para los portugueses los únicos capaces de entender sus reivindicaciones y de velar por sus intereses generales. Algo está funcionando muy mal cuando el poder judicial tiene que salir a la calle y ponerse al frente de la manifestación para que el Legislativo y el Ejecutivo entienda que se ha quedado aislado, lejos de aquellos que le votaron y le dieron la responsabilidad para tomar decisiones para salir de la crisis. Nuestros líderes necesitan hacer un ejercicio de escucha activa de sus ciudadanos, de los medios de comunicación, de la voz de la calle. No pueden seguir comportándose como los ilustrados absolutistas encerrados en su lema “todo para el pueblo pero sin el pueblo”. De no ser capaces de oír las demandas sociales, anticiparse a la insatisfacción ciudadana y ser eficientes en su gestión, serán un simple estorbo o, pero aún, un enemigo que ha secuestrado el poder democrático. Aquellos gobernantes bienintencionados o no que se olvidaron de ser sensibles a los sufrimientos de sus semejantes, siempre han acabado trágicamente o en el mejor de los casos, huyendo por la puerta de atrás de las instituciones. Quien no tome buena nota del contenido de la sentencia lusa puede verse abocado a una triste suerte en menos plazo de lo que algunos esperan.

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