Con acento hispano

Reconozco que nunca pensé vivir una escena como la protagonizada la semana pasada por el presidente Mariano Rajoy en su intervención durante el pleno del Congreso de los Diputados. Comparecía mes y medio después de anunciar la solicitud de ayuda – rescate – intervención o como quieran llamarle para la banca española. Comparecía para dar cuenta de las decisiones del Consejo Europeo de finales de junio y comparecía para anunciar el nuevo paquete de medidas económicas para reducir el déficit y cumplir con las obligaciones y con las recomendaciones impuestas a los Estados por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Y en su relato del vía crucis por el hará transitar a los ciudadanos, en un rapto de sinceridad terrorífico, exclamó ante los atónitos oídos de sus señorías: “Es que no puedo hacer otra cosa, ¡es que no tengo libertad!”. Proclamado el protectorado español en sede parlamentaria nos queda tratar de analizar las consecuencias de las medidas tomadas y la deriva que como Estado supervisado y controlado nos espera.

Subida del IVA: bajo el argumento de que los tipos impositivos indirectos son en España menores que la media de la UE, el gobierno ha subido tres puntos del 18% al 21% el gravamen general, mientras que ha sacado de la lista de los superreducidos productos y servicios de las misma forma que del tipo reducido. Pretende en total recaudar este año con esta medida 2.300 millones de euros, pero tal cantidad se había calculado de entrar en vigor la subida a lo largo del mes de julio y, sin embargo, tratando de no perjudicar al sector turístico, la medida no se pondrá en marcha hasta el 1 de septiembre. A esta reducción recaudatoria habrá que restar el efecto depresor que sobre la demanda interna tendrá la mayor carga impositiva y la consecuente subida de precios. A corto, por tanto, la medida detraerá el consumo con el consiguiente efecto negativo sobre las empresas y la creación de empleo. Una previsión razonable situaría el impacto de la medida en los 1.000 millones de euros.

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Recorte de sueldo de funcionarios: en este apartado se ha optado por vía rápida y expeditiva, en vez de una reducción lineal de sueldos públicos, se les suprime temporalmente – todos sabemos lo difícil que resulta recuperar derechos cuando son conculcados – la paga extra de navidad. Calcula el Ejecutivo que esta poda le granjeará 5.000 millones de euros. Es evidente que en diciembre en las fechas y compras navideñas, al menos, 3.000 millones de esos 5.000 dejarán de estar en circulación para ser gastados en consumo. En una palabra bajará la recaudación por IVA y seguirá produciendo un efecto negativo sobre el conjunto de las empresas y el empleo. De la misma forma, como es obvio, se reducirá la lo recaudado por el Estado en impuesto de Sociedades y en cotizaciones a seguridad social, pudiendo incrementarse lo destinado a cubrir el paro de aquellos trabajadores con los que no contarán las empresas ante una campaña navideña deprimida. No resulta, pues, complicado suponer que los iniciales 5.000 millones de ingresos, sean finalmente tan solo 4.000 millones de euros.

Recorte del subsidio de desempleo: a partir del sexto mes, del 60% al 50% sobre la base reguladora, aunque se mantiene durante dos años, una medida que, según sus cálculos, le permitirá ahorrar 1.900 millones en 2012. Lo que no parece que se haya calculado es el coste social de tal medida ya que en la actual situación del mercado de trabajo en España difícilmente se convertirá como pretende el Gobierno que creamos en un incentivo para la búsqueda de empleo por parte de los parados. Más bien supondrá una vuelta de tuerca más sobre las maltrechas economías domésticas y en muchos casos el paso a situaciones de pobreza severa que deberán ser de una u otra forma atendidas. Superar, por tanto, los 1.000 millones efectivos en ahorro, sería todo un éxito.

Reducción del número de concejales: hasta un 30% por tramos de población. Si tenemos en cuenta que más del 90% de los concejales no cobran, escaso por no decir ínfimo será el ahorro que producirá una medida que lo único que viene a reducir es la democracia más cercana, la local y que solo beneficiará a los grandes partidos en detrimento de la riqueza de la pluralidad política y representativa.

Recortes en los presupuestos ministeriales: 600 millones de euros en las partidas de gastos de los ministerios. Realmente los presupuestos generales del Estado han durado menos que un caramelo a la puerta de un colegio, los aprobaba el Senado a finales de junio y a los quince días han sido enmendados mediante la poco edificante fórmula de los decreto-ley. La inversión pública se ha reducido a mínimos históricos y ello también producirá el ratio depresor sobre las empresas licitadoras de concursos de la administración. Deberíamos creer que los 600 millones saldrán del gasto ministerial corriente, pero hasta la fecha no existe un plan concreto por ministerios al efecto.

El precio de la deuda: El Estado español paga diariamente 100 millones de euros por los intereses de la deuda y los tipos que los mercados nos imponen siguen subiendo rondando el 7%. España acumula una deuda total de más 700.000 millones de euros, con un gasto por su gestión, es decir, intereses y avales, de 140.000 millones de euros. Por tanto, en lo que queda de año el pago de la deuda se comerá más de 1.500 millones de euros.

El círculo vicioso: A las cuentas reseñadas debe unirse el pago del rescate a la banca, cifrada en un máximo de 100.000 millones a diez años al 3% de interés. Por si fuera poco, uno de los países opositores a la concesión de la ayuda, Finlandia, percibirá 770 millones de euros en concepto de garantía por parte de España. Vivimos para pagar nuestras deudas, no tenemos libertad ni capacidad de maniobra para generar crecimiento y con ello empleo.

La hora de la venta: en estas circunstancias, el guión de este drama solo se resuelve mediante la aplicación de quitas al deudor, ejemplos tenemos en Latinoamérica en la década de los 80 y ahora en Grecia, y sobre todo, mediante la continua devaluación de los activos del Estado públicos y privados. Los primeros – aeropuertos, puertos, autovías e incluso sanidad hospitalaria – si son valorados en función de la deuda que pesa sobre ellos, saldrán a la venta a precio de saldo y, los segundos, cada día ver caer su valor bursátil afectados por la contramarca España que los deprecia y hace vulnerables a la compra hostil de sus competidores a precios irrisorios solo hace cinco años. Si paso en Argentina o México, ¿por qué hemos de pensar que nuestro proceso de intervención vaya a ser diferente a aquellos que supuso el drama del subdesarrollo y la pobreza para sus pueblos? Convertirse en un protectorado de la Unión Europea, por el momento nos ha privado de la libertad para acertar o errar en nuestro destino, ahora nos queda por comprobar el precio en cuantía y tiempo de este cautiverio.

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