Con acento hispano

Tiene el populismo un rostro tan diverso como la personalidad de sus intérpretes. Según su carácter y la idiosincracia cultural del pueblo al que se dirigen se muestra más dicharacheros o melodramáticos en sus gestos, siempre a la búsqueda del aplauso fácil de su público y dispuestos a lanzar cortinas de humo sobre los verdaderos problemas que afectan a la población. En el caso de la presidenta argentina, Cristina Fernández – sobre todo de Kirchner – su fama le viene precedida por antecesores en el cargo de su propio partido el Justicialista y, de forma especial, de la esposa del presidente Juan Domingo Perón, la queridísima Evita. Ella también sabe lo que estar casada con un todopoderoso presidente, Nestor Kirchner, cuyo luto lleva impuesto desde hace año y medio. Y ahora, en su segundo mandato como presidenta sucesora trata de enderezar los múltiples problemas de política interna fruto de los enfrentamientos con los poderosos gobernadores provinciales y las corrientes de opinión opuestas en su partido y en su gobierno.

La expropiación de las acciones de Repsol en la empresa petrolera YPF por parte del gobierno argentino supone un salto cualitativo en la deriva política de pulsiones ultranacionalistas que la presidenta Fernández inició hace unos meses con motivo del aniversario de las guerra de Las Malvinas. La justificación para una decisión de tan amplio calado por parte de las autoridades argentinas se refieren a la necesidad de “salvaguardar la soberanía hidrocarburífera de Argentina y el objetivo prioritario es el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos”. Según la presidenta, la petrolera no ha hecho las inversiones necesarias, algo que lleva meses recriminándole el gobierno austral. Es uno de los escasos países del mundo, que no maneja sus recursos naturales. Después de 17 años desde que se desnacionalizó (YPF), por primera vez ha convertido a Argentina en importador neto de gas y crudo, con un déficit de 3.029 millones de dólares en la balanza del comercio de combustibles. El año pasado Argentina importó combustibles por unos 10.397 millones de dólares, cifra que casi iguala al superávit comercial del país, que el año pasado fue de unos 10.477 millones. Según la mandataria, YPF invertió 8.813 millones de dólares entre 1999 y 2011, lapso en el que obtuvo ganancias netas por 16.450 millones de dólares, de los cuales repartió 13.246 millones entre sus accionistas. Razones y argumentos perfectamente vendibles para una población a la que se le agasaja con el objetivo de no subir los precios de la gasolina o el gas. Un hecho que repercute en la insuficiencia de recursos para realizar nuevas prospecciones en suelo argentino.

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Pero más allá de las motivaciones políticas, la realidad tiene más que ver con el control de la caja de liquidez que supone YPF en una situación muy complicada económica en Argentina. Una crisis que combina unas altas tasas de inflación con menores crecimientos que su entorno, fuerte huida de capitales y el tremendo déficit energético reseñado. Puede que el empujón definitivo a una decisión que colea desde haces meses, se deba a la evaluación que Fernández de Kirchner hace de la debilidad del gobierno español, acuciado por una crisis económica muy dura y cuando la prima de riesgo de los mercados de deuda amenaza con rumores de intervención de la Unión Europea. Y es Europa la que debería dar una respuesta coherente y medida a la expropiación, desde la defensa de un modelo de relación internacional, que debe basarse en la legalidad y los principios de seguridad jurídica. Este conflicto no debe plantearse como una batalla de políticos envueltos en sus banderas, ajenos a los verdaderos intereses de los ciudadanos afectados, los argentinos en su calidad de vida y los accionistas de Repsol en sus intereses económicos. Debe recordarse que Repsol compró el 51% de YPF pagando un alto precio por ello, realizó inversiones también cuantiosas para la mejora de su capacidad de explotación y es ahora cuando esta política empresarial le genera beneficios. Y resulta aún más clamoroso el hecho de que cuando en 1992 YPF pasó de manos públicas a privadas, era la única petrolera del mundo que perdía dinero por su mala gestión.

Este es un problema que más allá de las palabras grandilocuentes es un problema entre empresas, la de los intereses de una multinacional Repsol – hispano mexicana – y de los amigos de la presidenta que seguro que estarán detrás de esta expropiación y que copan oligopolísticamente los principales sectores de la actividad en Argentina. Pero no cabe duda que ya ha puesto en solfa las relaciones bilaterales de España y Argentina – España es el principal inversor extranjero en Argentina por delante de EE.UU – y que se ven comprometidos los proyectos de colaboración birregional Unión Europea América Latina. Algo que parece importar a Argentina que tiene en estos momentos más de 40 litigios en la Corte de Comercio Internacional que viene perdiendo sistemáticamente y que, sin embargo, de la misma forma no paga las sanciones impuestas. Hace tiempo que Argentina se ha puesto al margen de la seguridad jurídica aún a riesgo de las consecuencias que ello puede causarle. Ha elegido el camino del cortoplacismo y de salvar el día a día, sin pensar en lo que puede pasar mañana.

La reciente Cumbre de las Américas ha puesto de manifiesto la pérdida de peso específico tanto en Estados como en planteamientos ideológicos del Grupo Alba. El proyecto bolivariano promovido por un enfermo Hugo Chávez, que ni siquiera pudo estar presente en la cita de Cartagena de Indias, está en sus horas más bajas. Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Cuba a su manera son los reductos de sus postulados estatistas, y aunque la presidenta Fernández ha hecho mención expresa a que el proyecto nacionalizador de YPF nada tiene que ver con esta senda, la realidad es que su medida representa por su magnitud el mascarón de proa de las posiciones más radicales del continente latinoamericano en el ámbito de la propiedad de los recursos naturales. Si no fuera porque Argentina en esta guerra va por libre, podría pensarse que ha cambiado de bando y desequilibra las posiciones en la región. Pero no llevemos tan lejos nuestras reflexiones porque el populismo no suele desbordar fronteras y la expropiación se agota en sus objetivos de consumo interno. Las posibilidades, pues, de un efecto contagio en la región son mínimas. Conviene recordar que Pemex la petrolera mexicana es accionista en un 20% de Repsol y que la chilena Enap y la brasileña Petrobras están presentes en Argentina y en algún caso comparten la explotación de campos con Repsol. Además, países como Brasil, México, Colombia, Chile o Perú son destinos hoy por hoy seguros para las inversiones dado que sus gobiernos han hecho una firme y decidida apuesta por el desarrollo de sus economías con un modelo de cooperación internacional y atracción de negocios hacia sus territorios.

No conocemos aún la reacción española y, presumiblemente, europea a la expropiación de Cristina Fernández. Convendría que la sensatez imperara y que el populismo no se convierta en una pandemia a este lado del Atlántico. Nos jugamos demasiado en no desaprovechar las oportunidades entre las dos orillas. Si convertimos este conflicto en una suerte de guerra comercial contra Argentina, se verá comprometida la ya compleja negociación de la Ronda Mercosur y habremos perdido una nueva opción de poner las primeras base de una relación birregional de intercambio desde la equidad sin proteccionismos. Al populismo pseudodemocrático se le combate con la defensa de la legalidad desde las instituciones europeas que nos hemos dado. Empezando por defender a los ciudadanos que han depositado sus ahorros en Repsol y que ahora verán valoradas sus acciones por el Tribunal de Tasación argentino que decidirá cuánto debe pagar el gobierno argentino por la compañía. Sus derechos deben ser salvaguardados, más allá de los argumentos y razones que ha expuesto la inquilina de la Casa Rosada. Y el otro interés principal a rescatar es el del pueblo argentino que no tiene porqué sufrir el enfrentamiento de la retórica política y de los gestos trasnochados de mandatarios enlutados.

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