Con acento hispano

Conviene recordar, para aquellos que claman sistemáticamente por una mayor flexibilidad del mercado de trabajo como si de la panacea universal se tratara, que una reforma laboral no crea empleo y si acaso su función es proporcionar condiciones para que contratar sea posible. Son el crecimiento, la demanda interna, la capacidad exportadora, la productividad o la competitividad de una economía las verdaderas claves del incremento de ventas y de beneficios que lleva aparejada la contratación de personal en las empresas. Por tanto, de entrada llama la atención el empecinamiento de los gobiernos españoles y de las autoridades europeas en apresurarse a plantear una “agresiva” – en palabras del ministro de Economía Luis de Guindos – cuando las reformas estructurales, antiespeculativas y de lucha contra el fraude fiscal aún ni siquiera han empezado a enunciarse. Acometer parcialmente reformas sin poner el énfasis en el cambio del modelo productivo solo puede deberse a un intento de calmar a los socios comunitarios, especialmente, a la todopoderosa canciller Merkel o para satisfacer las necesidades de las grandes empresas. Ninguno de los dos motivos justifica la extrema urgencia de una reforma que llega apenas un año después de la realizada por el gobierno de Rodríguez Zapatero y que tan escaso éxito, por no decir nulo, ha tenido.

Realizada la crítica anterior, no es óbice para reconocer las causas objetivas que hacen necesaria una reforma del marco legal del mercado laboral en España. La principal tiene un rostro muy concreto, la generación perdida de jóvenes que se están viendo obligados a emigrar ante la imposibilidad manifiesta de encontrar trabajo. Con más del 40% de la tasa de paro juvenil España es el país de Europa líder en esta estremecedora estadística. Duplica la media de paro de la Unión Europa en menores de 25 años, es decir, en personas que acaban sus estudios universitarios, jóvenes que han realizado formación profesional o lo que es más grave, los “ni-ni”, aquellos que ni estudian, ni trabajan. El futuro que deben representar está más que cuestionado y sus expectativas para los años venideros no parecen ser mejores. Ante este drama generacional y colectivo de nuestra sociedad, solo cabe conceder el valor que le corresponde a un puesto de trabajo. Si los legisladores fueran capaces de convencer a los trabajadores de la riqueza infinita que hoy en día supone poder trabajar cuando el empleo se ha convertido en un bien tan escaso, probablemente cambiarían las mentalidades de quienes acuden a su lugar de trabajo mecánicamente para cubrir una jornada laboral y cobrar un sueldo a fin de mes. Esa transformación de la cultura del trabajo tendría mucho que ver con la relación empresa – trabajadores, pasando de un criterio de conflicto a uno cooperativo, diseñado desde el reconocimiento de ambas partes de que la negociación colectiva actual está obsoleta. La capacidad de innovación o la eficiencia en el uso de los recursos en una empresa está directamente relacionada con el clima laboral de la misma. De ahí que resulte imprescindible que cada cual se conciencia para buscar los niveles de excelencia lógicamente exigibles en su nivel de responsabilidad. La verdadera reforma laboral empieza por uno mismo, empieza porque empresarios y trabajadores se pregunten si están haciendo todo lo posible para trabajar mejor, para crear más riqueza y desarrollar el negocio.

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España es uno de los países europeos que más reformas laborales ha acometido en la última década. La reforma de la reforma de la reforma ha concebido un mercado laboral español que lleva demasiadas legislaciones yuxtapuestas sin encontrar un camino estable para el mercado de trabajo. Y es así precisamente porque el foco no se ha puesto en el verdadero problema. Los tecnicismos contractuales se han impuesto a las visiones estratégicas, se han cambiado fórmulas contractuales una y otra vez tratando de ajustarlos a las situaciones del mercado, sin entrar de lleno en los procesos formativos y en los esquemas organizativos que afectan a los niveles de productividad y, por ende, de competitividad en su entorno de mercado. Esas reformas estructurales que tienen más que ver con la forma de trabajar española, que huye del concepto colaborativo y que desprecia la colaboración en cluster empresarial, son las que desde hace años se hacen imprescindibles para crear empleo sostenible. Seguimos poniendo el ojo y la bala en el despido, como si abaratarlo fuera la única manera de convencer a un empresario de que contrate. Una cosa es que el sistema drene, es decir, que permita la entrada fluida de trabajadores en él y otro que lo convirtamos en la bañera que tratamos de llenar y a la que no ponemos tapón.

En todo caso, ya que nos han cocinado un plato de comida rápida, otra reforma laboral express, me aventura a comentar las principales medidas de la misma:

Condiciones de despido no objetivo, es decir, improcedente: la indemnización pasa de 45 a 33 días por año trabajado y su tope de 42 a 24 mensualidades. No es retroactivo, esto es, computa dualmente. La antigüedad anterior a la reforma se contabilizara sobre 45 días y 42 mensualidades y la que surja a partir de ahora sobre 33 días y 24 mensualidades. Dadas las actuales circunstancias económicas, podría calificarse como el mal menor que los trabajadores estarían dispuestos a aceptar, mientras que a los empresarios les parecería si fuera la medida principal de la reforma, insuficiente a todas luces. Por tanto, no produce ni frío, ni calor a los actores del mercado laboral.

Condiciones de despido por causas objetivas: 20 días por año trabajado y la justificación para su aplicación por parte de las empresas no será otra que poder demostrar la bajada de ingresos o pérdidas en los últimos 9 meses del ejercicio. Sin paliativos y si en el trámite parlamentario no se establecen severos mecanismos de control, esta medida es un auténtico coladero para fraudes y despidos masivos. Permitiría cambiar trabajadores caros de mediana edad (entre 45 y 60 años) por jóvenes mileuristas. A ella se añade la capacidad que se les concede a las empresas para llevar a cabo un ERE – Expediente de Regulación de Empleo – sin necesidad de contar con la autorización administrativa. Un traje a la medida para las grandes compañías y que extienden además a las empresas públicas.

Cambio de condiciones de trabajo: se conceden amplísimos poderes a las empresas para cambiar las condiciones en que un trabajador ejerce su labor tanto por causas organizativas, de producción… en suma, de todo lo que el empresario estime oportuno. Cambiar horarios, ubicación o puesto, supone alterar radicalmente la vida de una persona y eso viola claramente los más mínimos derechos de los trabajadores.

Contrato de emprendedores: se establecen subvenciones y bonificaciones para fomentar el empleo joven. Volvemos a caer en la trampa de crear empleo no por necesidad del mercado sino por convertir en un negocio el contratar.

Temporalidad: se impide la concatenación de contratos temporales buscando el fomento de la contratación indefinida. Nada que objetar si no fuera porque la realidad actual del crecimiento de nuestra economía hace imposible a los empresarios planificar su masa laboral sobre contratos indefinidos, más bien requieren ligarlo a la demanda o su capacidad de venta o de realizar proyectos.

Podemos concluir que si la reforma se aborda por los agentes sociales, especialmente los empresarios, por su lado más “agresivo”, se logrará el abaratamiento del despido que favorece a las grandes empresas que podrán cambiar empleados “caros” maduros, por jóvenes a bajo coste. Habremos aumentado el paro y además, lo habremos hecho en su segmento de población más sensible, clases medias que soportan la protección familiar de sus mayores con bajas pensiones y de sus hijos sin empleo. A corto un absoluto desastre y a largo una apuesta sin garantías de éxito, ni de ofrecer una perspectiva ilusionante a nuestros jóvenes. Para Merkel una reforma “modélica y valiente”, seguramente porque no afecta a sus trabajadores alemanes y para los españoles un motivo más de preocupación. Enfrente una oposición política disminuida, unos sindicatos sin apenas credibilidad social y unos ciudadanos atemorizados.

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