Con acento hispano

Los partidos mayoritarios españoles, PSOE – en el gobierno – y PP – en la oposición – han alcanzado un acuerdo para reformar la Constitución e introducir en la Carta Magna un tope de déficit estructural presupuestario. En sus más de 30 años de vida el texto constitucional ha sido sacralizado como garantía de la democracia española por ambos partidos. La única modificación hasta el momento de la Constitución tuvo lugar el 27 de agosto de 1992 (BOE de 28/08/1992) al añadir las palabras «y pasivo» en el artículo 13-2, con el fin de permitir a los extranjeros comunitarios ser elegidos concejales (y por ello también alcaldes) en las elecciones municipales, y así adecuar la legislación y los acuerdos de la Unión Europea. Todos los catedráticos constitucionalistas consideran la Constitución española un texto rígido dadas las dificultades que para su reforma se prevén. Pero se ve que tales doctos letrados no han tenido en cuenta la capacidad de sugestión que sobre gobierno y oposición tienen las indicaciones de los dos principales mandatarios europeos, Merkel y Sarkozy. A su mero anuncio de proponer a los Estados miembros de la eurozona la necesidad de limitar el déficit por ley, Zapatero, Rajoy – con Rubalcaba de testigo de cargo – se pusieron manos a la obra para dar ejemplo de buen comportamiento y en menos de 72 horas, incluidas sus noches, han parido una reforma constitucional en toda regla que será debatida con trámite de urgencia en el Congreso de los Diputados. Ciertamente, ¿para qué esperar a las elecciones del 20 de noviembre cuando había consenso pleno para pastelear la reforma entre dos sin contar ni con el resto de los partidos y menos aún con los ciudadanos?

Empezaré por decir que la pretendida reforma no aporta prácticamente novedad económica alguna digna de mención, pues, el acuerdo que además no incluye ni una sola cifra sino que se remite a una posterior ley orgánica, es menos exigente aún que la Ley de Estabilidad presupuestaria aprobada en 2001 y reformada en 2006. Vamos que para este viaje no hacían falta estas alforjas. Además suena grotesco realizar una reforma una Constitución al que se le concede tan alto valor simbólico a toda velocidad para remitir su puesta en práctica al año 2020, con dos opciones de revisión en 2015 y 2018. Por tanto, solo se explica tanto alboroto estival por la presión de los mercados y los nervios que en Berlín y París han producido los últimos altercados del euro con sus emisiones de deuda. Zapatero y Rajoy han escenificado una genuflexión en toda regla para tranquilizar a sus mandamases europeos, pero dada la indiferente reacción mostrada por las bolsas al conocer la medida, se antoja que calmar a los mercados es un ejercicio tan complejo como amar en tiempos revueltos.

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En todo caso, conviene aprovechar la polvareda que el tema del déficit viene provocando para aportar algunas reflexiones sobre conceptos que a fuerza de usarlos tertulianos sabelotodo, políticos generalistas y economistas pitonisos han distorsionado hasta el esperpento. Por intentar centrar del debate, deberíamos partir de la simplísima afirmación de que un Estado o Administración cualquiera puede gastar lo que tiene o aquello que es capaz de generar en el tiempo, pudiendo endeudarse en ese diferencial. Y en esa ecuación no podemos olvidar como se ha venido realizando desde doctrinas liberales asumidas por populismo barato por políticos de izquierdas, la eficacia de la política fiscal, es decir, la capacidad de ingresar que todo ente público tiene. En palabras que cualquiera entiende, para poder gastar hay que saber ingresar y poner en valor tu patrimonio para endeudarte a precio razonable. Salvo que definitivamente queramos matar a Keynes, la capacidad que en política económica genera la inversión pública como motor del crecimiento, debe ser un elemento motriz de las acciones de gobierno en momentos de depresión. De ahí que un discurso basado en el monocultivo del equilibrio presupuestario, no sólo pone en peligro las políticas sociales, sino lo que es más grave, pone en serio riesgo la recuperación económica.

Claro que para que el control presupuestario sea adecuado se basa en un principio de responsabilidad fiscal donde cada cual gaste conforme a la ecuación antes aludida y no se excede o abuse del despilfarro. Si en una unidad monetaria como es la Unión Europea o España, alguien hace trampa o se declara pobre por naturaleza y precisa sine die de ayudas estructurales que se malgastan y nunca dan sus frutos, se está gastando a costa de los demás y la unidad de objetivos se rompe. Eso es lo que ha ocurrido en la opinión pública alemana y en gran medida francesa, con los desequilibrios presupuestarios de griegos, portugueses, irlandeses y españoles. Y quién nos dice que no estemos al borde de que suceda en España cuando Comunidades que realizan correctamente sus tareas presupuestarias deben recortar sus servicios porque otras incumplen sistemáticamente sus obligaciones. En España llevamos 30 años de políticas estructurales con ayudas del Estado y de la Unión Europea para mejorar las Comunidades con menor riqueza y no hemos instituido un método de responsabilidad fiscal y control presupuestario que premie y castigue a quien alcance sus objetivos y quienes se separan de ellos. El caso del Estado español es especialmente grave dado que conviven en él cinco haciendas – la española, y las cuatro forales, la alavesa, la bizkaina, la gipuzkoana y la navarra -. Cuatro haciendas forales que recaudan y gastan en función de lo que recaudan, un régimen que en términos de pacto fiscal también demanda la mayoría del Parlamento de Catalunya. Esa diversidad de quiénes ejercen su particular fiscalidad y además son solidarios en el conjunto del Estado con las Comunidades deficitarias, se ha saltado a la torera con el acuerdo para la reforma de la Constitución, lo que abre una nueva brecha en la convivencia en el Estado.

En el fondo, lo exigible en estos momentos es la responsabilidad fiscal y presupuestaria, pero eso no puede llevar a la uniformidad para tapar vergüenzas. Como tampoco es de recibo echarle la culpa al empedrado, en este caso, de alemanes y franceses, pues, sus economías y población representan más del 50% del total de la eurozona y, por tanto, democráticamente están en su derecho de imponer condiciones a la pertenencia al euro. Lo que se impone es un poco de seriedad a la hora de hacer planteamientos sobre las cuentas públicas cuya esencia no es otra que dotar a los ciudadanos de servicios sociales que hacen reales derechos reconocidos formalmente en esa Constitución que ahora se pretende reformar. Tal vez deberíamos empezar por hacer inventario de derechos y servicios, porque algunos de ellos hoy resultan obsoletos y otros no reconocidos imprescindibles. Asumir después la sostenibilidad fiscal del sistema, es decir, qué estamos a dispuestos a pagar en impuestos, con una proporcionalidad según renta y patrimonio para garantizar esos servicios. Incorporar la política de tasas por uso en muchas de las infraestructuras que las Administraciones ponen a nuestra disposición y que no es justo que se paguen de forma lineal. Y, por supuesto, luchar decididamente contra el fraude fiscal y la economía sumergida. En suma, que sin un profundo debate del modelo social que queremos y de lo que nos cuesta y de lo que queremos pagar por ello, la reforma de la Constitución es un mal chiste de verano.

Y todo esto lo presencia el ciudadano anónimo impasible el ademán, atónito y aturdido. Sin saber si le están tomando o el pelo o si debe instalarse definitivamente en el determinismo de lo que es imposible evitar porque lo han decidido Merkel y Sarkozy. Tienen que votar dentro de tres meses y se les ha hurtado uno de los debates principales, las dos fuerzas que se reservan la alternancia, que no alternativa, en las elecciones generales, se han puesto de acuerdo sin mover una ceja, para no debatir sobre las políticas sociales, la fiscalidad o la transparencia presupuestaria. Me temo que como siempre lo único sobre lo que debatirá España es sobre lo vasco, ETA y si los catalanes se llevan su dinero. Con esta reforma constitucional perdemos todos, pierde la democracia, pierde la idea de Europa y pierde la idea de una España plurinacional. Volvemos a los Pactos de El Pardo, entre Cánovas y Sagasta, donde sólo ganan los que se hacen la foto porque todo lo que se queda fuera no existe… ¿o sí?

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