Con acento hispano

Según la última EPA – Encuesta de Población Activa – del primer trimestre del año, España ha alcanzado la tremenda cifra de 4.910.200, lo que eleva la tasa de paro al 21,29%. Si nos detenemos a analizar la estadística oficial, otros datos nos inducen a ser aún más pesimistas: récord de parados de larga duración, aumento del paro en todos los sectores, 1,38 millones de hogares en los que todos los activos están en paro,… y gracias a que ha disminuido la población activa y aumentado del empleo público no se han superado los cinco millones de parados. El único alivio es que en tasas anuales el descenso de la ocupación es prácticamente igual al del trimestre, lo que podría indicar que el ajuste se va acercando a su fin. Además de que el primer trimestre del año es tradicionalmente negativo para el empleo y de que la Semana Santa no se ha celebrado en marzo, la evolución negativa en términos de ocupación y empleo se encuentra en la debilidad de la recuperación de la economía española, pues, a falta de que se conozca el crecimiento del PIB en este trimestre, es seguro que estará lejos de la tasa del 2% interanual que se estima necesaria para que se genere empleo.

Lo que resulta lacerante es que mientras esto ocurre en España, un país como Alemania que sufrió la crisis financiera con mayor intensidad (caída del PIB del 4,7% en 2009) y que partía al inicio de la crisis con una tasa de paro semejante a la española la haya reducido en marzo al 7,1%, y que en el conjunto de los países la OCDE la tasa de paro sea menos de la mitad que la española. Así las cosas, cabe preguntarse ¿cómo en un país que vive un drama laboral de esta naturaleza no se produce un estallido social?. ¿Cómo no se han producido manifestaciones masivas o violencia callejera como las que se vivieron en París, Londres o Atenas? O ¿qué colchón adormece a la sociedad española como para padecer situaciones de extrema necesidad sin que se eleven significativamente los índices de robos o criminalidad?

null

Cabe pensar que lo primero que desincentiva la movilización es el desánimo y el desaliento que una crisis tan prolongada y tan profunda ha producido en todas las capas de la sociedad. La gente piensa que de nada va a servir manifestar su enfado o su crítica con la situación porque nada va a cambiar en un mundo gobernado por los mercados, sin caras ni mirada a las que enfrentarse. Tampoco podemos obviar el hecho de la falta de liderazgo político o sindical en las filas de los perdedores de esta crisis. Nadie está capitalizando el enfado para provocar una “revolución” que sea capaz de cambiar el estado de las cosas. Tanto la derecha como la izquierda asumen con leves matices la ortodoxia que imponen los mercados financieros, los recortes presupuestarios, las reformas de las prestaciones del Estado del Bienestar… como una suerte de ineludible sino de los tiempos. Y los sindicatos de clase bastante tienen con sobrevivir malamente justificando su existencia con procesos de diálogo y negociación que sirven a fotos protocolarias vacías de contenido real. Ni políticos, ni sindicalistas representan los intereses reales de los ciudadanos. Una sociedad, pues, que se siente huérfana de defensores y sumida en un profundo individualismo, sin propuestas ideológicas que vislumbren un futuro más esperanzador.

Un segundo factor de vital trascendencia tiene que ver con la tipología de la sociedad española. Basada aún en un concepto de familia tradicional, desde que hace dos años irrumpió la crisis las familias se han convertido en el sustento principal de los sacrificios y el sufrimiento que el desempleo ha creado. Un colchón real que reparte bienes y consumos entre padres, hijos, nietos, tíos y primos, una solidaridad cosanguínea que siempre ha funcionado en España y pese a que los núcleos familiares se han desestructurado en las últimas décadas, persiste como vínculo de apoyo ante las realidades más adversas. Pero debemos de ser conscientes de que las familias han visto muy mermados sus ingresos y son muchos los hogares en que ni el hombre ni la mujer perciben sueldo alguno e incluso han sobrepasado ya el período de percepción de las prestaciones por desempleo. De esta dramática situación advierten cotidianamente las ong’s que prestan su auxilio social en las calles de las ciudades españolas.

Con todo lo dicho y reconociendo que son cientos de miles los hogares que están sufriendo el feroz azote del paro, también se deben poner ciertos reparos respecto a los niveles reales que ha alcanzado el desempleo en España. En primer lugar, conviene resaltar las diferencias de cifras entre la EPA y el paro registrado en las oficinas del INEM – Instituto Nacional de Empleo -, con una diferencia de más 600.000 desempleados entre una y otra estadística. Hecho que tiene su explicación en que la encuesta refleja datos de personas que realmente no se hayan en disposición de búsqueda de empleo. Por tanto, partimos de una cifra de desempleados más cercana a la realidad de 4,3 millones, de las que 2,8 perciben prestación contributiva o algún tipo de ayudas. Y en segundo lugar, debemos afrontar una realidad no menos grave que la propia del paro: el fraude que la economía sumergida produce en el mercado laboral. Según las últimas estimaciones el trabajo sumergido genera en España 82.000 millones de euros al año y las inspecciones de Trabajo en 2011 pillaron de cerca de 600.000 trabajadores sin contrato, una cifra muy elevada si tenemos en cuenta el escaso número de inspecciones llevadas a cabo – 1,2 millones -. Traducido a lo que supone del PIB nacional, el empleo “negro” supone un 8% de la riqueza del país o lo que es lo mismo, el fraude afectaría a cerca del 20% de los desempleados registrados. Con lo que la cifra real de parados en España podría situarse en los 3,4 millones. Solo así puede entenderse que el consumo repunte o que en los periodos vacacionales y fines de semana el turismo interior nacional alcance cuotas de ocupación tan altas.

El problema del fraude no solo reside en la falta de ingresos que genera al Estado, sino en las prestaciones que adicionalmente gasta. Una suma tan perversa que a los 82.000 millones que se dejan de recaudar añade los cerca de 10.000 millones que se gastan en prestaciones innecesarias. En total el agujero que el fraude causa a las arcas de Estado español se acercaría mucho a los 100.000 millones de euros anuales. Si tenemos en cuenta que la deuda pública española asciende a unos 600.000 millones, resulta fácil comprender la trascendencia de la cuantía del fraude en el desbalance de las cuentas públicas. Tanto es así que no resulta exagerado afirmar que de continuar la crisis y con ella los niveles de fraude laboral y fiscal que España registra, sus prestaciones sociales – sanidad, educación, pensiones, desempleo, dependencia… – estarán en gravísimo riesgo de no poder afrontarse. Urge pues tanto crear empleo como acometer un plan serio de lucha contra la economía sumergida y el fraude en España. Una obligación y responsabilidad de políticos, sindicatos, empresarios, pero sobre todo, un deber ciudadano.

null

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0
Author :
Print