Con acento hispano

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido incapaz de aprobar la llamada Ley Sinde – así nominada por su titular, la ministra de Cultura, la cineasta Ángeles González Sinde – en el Congreso de los Diputados al no lograr ningún apoyo del resto de los grupos parlamentarios salvo el socialista. El debate político ha estado rodeado de fuertes presiones por parte de los colectivos de internautas que se oponen radicalmente a la entrada en vigor de una norma que se plantea como un remedio contra la piratería, las descargas ilegales en la Red y el copiado de textos o fotos en webs. Así, 24 horas antes de que los diputados votaran en contra de la propuesta legislativa, sus detractores lograban hackear las webs del Partido Popular, de Convergencia i Unió y del Partido Nacionalista Vasco, a la vez que los correos electrónicos de sus señorías se colapsaban repletos de emails repletos de insultos y amenazas de ataques digitales si apoyaban la ley. Una peculiar forma de actur de quienes defienden por encima de todo la gratuidad de los contenidos de la Red en base a la salvaguarda del derecho a la libertad de expresión.

Enfrente los productores audiovisuales y las sociedades de gestión de los derechos de autor, con la SGAE al frente, de forma menos ruidosa también han ejercido sus presiones lobbistas. Unas acciones que han tenido como protagonista incluso, según desvelaron las filtraciones de Wikileaks publicadas por el diario El País, al ejecutivo estadounidense quien solicitó del gobierno español que legislara contra la piratería digital, dado el alto grado de actividad que en este sentido se produce en España. Por tanto, estamos ante un debate nada secundario, en el corazón de la normativa que en el espacio europeo se puede poner en marcha para regular el uso de los contenidos culturales, de entretenimiento e informativos en Internet. Y no hay que ser avezado observador para darse cuenta de que lo que está en juego es un complejo entramado de intereses diversos al que no escapan grandes corporaciones multinacionales de la industria del ocio, influyentes holdings multimedia, los todopoderosos agregadores o motores de búsqueda como el sacralizado Google, los suculentos negocios que representan las Redes Sociales, como Faceboock o Twitter o las ominpresentes operadoras de telecomunicaciones. Demasiados poderes contrapuestos, muchas personas implicadas en el consumo de contenidos y muy poco espacio para la reflexión serena y sosegada de un tema que nos afecta cada día más.

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Empiezo por dejar muy clara mi posición y por declararme un blogero poco convencional pues me sitúo en el bando de los firmes defensores de la defensa de la propiedad intelectual. La creación o la producción pura y dura de contenidos requiere de una protección de sus legítimos derechos de cobro, salvo que pretendamos que los autores o los medios de comunicación se conviertan en una suerte de actividad subvencionada públicamente y cual ONG’s nos informen o nos hagan disfrutar de una obra de arte en calidad de gratis total. Sea por medio de la subvención, del mecenazgo o del pago, lo que parece obvio es que creadores y periodistas tenemos derecho a vivir de nuestra actividad, algo que no parece dudarse en el caso del trabajo de un médico, un abogado o un fontanero. ¿Qué ocurriría si la actividad de estos profesionales se viera sistemáticamente sometida a la piratería y la difusión de su labor se realizara sin ningún tipo de contraprestación? No me imagino a una movilización de ciudadanos espontáneos solicitando la gratuidad de las chapuzas a domicilio, del asesoramiento legal o de las actas notariales.

Más crudo resulta el debate sobre la propiedad intelectual en los medios de comunicación. En el ámbito mediático se está produciendo todo un deterioro de la información fruto de ese falso concepto igualitario que permite copiar y pegar textos, fotos o vídeos de aquí para allá, sin respeto al informador, a su propietario empresarial, ni lo que es más importante aún, al contexto del hecho noticioso o informativo. Los datos, que no la información, pululan libremente copiados por la Red, sin atribuirles fuente o referencia noticiosa, un embrutecimiento del uso de la información que está atentado seriamente contra el derecho a la información de los ciudadanos. Si los periodistas y los medios no somos capaces de defender el valor social de la información, cualquiera puede convertirse en periodista y relatar la realidad. El periodista ciudadano como el bloguero representan fenómenos nada desdeñables de la nueva realidad que nos ofrecen las TIC’s, pero en ningún caso son un sustitutivo del proceso de producción periodística o de los géneros que ordenan la información.

Una vez más tengo la impresión de que los políticos se están viendo sobrepasados por la realidad y que son incapaces de debatir y legislar sobre la defensa de los intereses colectivos y de los derechos individuales al ritmo que los cambios imponen. Y de la misma forma creo que es la tecnología la que lidera los procesos y serán las operadoras de telecomunicaciones, que ya han levantados sus voces de alerta, las que ante la insostenibilidad de un sistema técnico de descargas en progresión geométrica, nos obliguen a pagar por los contenidos antes de que sus infraestructuras técnicas sean incapaz de gestionar tanto intercambio. La globalización nos está obligando a todos a cambiar nuestras actitudes y nuestras formas de entender la vida. Es evidente que la gestión de los contenidos no puede ser igual tras la irrupción de Internet, pero la solución simplista no puede ser la del cuento de hadas, donde todos nos beneficiamos de una comunidad de conocimiento gratuita y de calidad. Por desgracia desde el momento en que los recursos son escasos y que el reparto de los mismos tiene que ver con el esfuerzo, parece absurdo defender que la excelencia pueda regalarse. En el fondo quienes proponen airadamente esta solución lo único que plantean es disfrutar del derecho ajeno.

Cuestión muy distinta es la de la forma en que la defensa de la propiedad intelectual debe ejercitarse. En este sentido, el Gobierno y su propia ministra han demostrado escasa capacidad de consenso y con un ejercicio de improvisación y falta de previsión, se han enfrentado a una votación con un texto que difícilmente podía ser votado por otros grupos parlamentarios por sus deficiencias técnicas. Prácticamente se estaba proponiendo que la vía administrativa decidiera sobre el cierre de webs, dotando a la Administración del viejo poder censor contra el que tanto se ha tenido que luchar para lograr una sociedad libre. Todo lo que no sea la intervención judicial con todas las garantías es inaceptable cuando están en juego derechos fundamentales y en este caso, lo es. El ejecutivo socialista sigue sometiéndonos a episodios patéticos en el trámite parlamentario de sus políticas y va quemando, con más pena que gloria, sus últimos cartuchos antes de las próximas elecciones generales.

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