Con acento hispano

El Informe PISA hecho público esta semana por la OCDE y que evalúa cada tres años la educación secundaria de sus 65 países miembros, ha puesto de manifiesto el estancamiento del sistema educativo español. De los tres criterios que mide PISA – comprensión lectora, competencia matemática y competencia científica – España solo mejora levemente en la primera y en el computo global se sitúa ligeramente por debajo del promedio de los Estados. Pobres resultados si tenemos en cuenta que ya en el examen del 2006 la educación española registró unos pésimos resultados. Algo estamos haciendo mal en nuestras aulas en las edades claves de la formación para que informe tras informe tengamos que resignarnos a convivir con el fracaso escolar.

Es evidente que no existe una proporción directa entre el gasto público destinado a la educación y los niveles de excelencia de éstos. España tras 30 años de democracia y un notabilísimo esfuerzo inversor en educación se ha estancado en los índices de calidad del enseñando. Si es cierto que hace tiempo que logramos alcanzar los mínimos umbrales de aptitud y cuantitativamente hemos incorporado a una gran mayoría de la población a la titulación secundaria. Un logro que ni mucho menos puede minusvalorarse puesto que ha contribuido a reducir brechas sociales y a componer una extensa clase media con una base formativa. Sin embargo, ese objetivo se ha convertido a la postre en un problema por la base: nos hemos instalado en la mediocridad dejando a un lado el afán de superación y la promoción de la excelencia.

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Lo más llamativo del informe 2009, no obstante – puesto que los datos anteriormente señalados son reiterativos de informes anteriores – radica en el hecho del incremento de las diferencias de niveles registradas entre Comunidades Autónomas. Algo que no debería sorprendernos dado el Estado ampliamente descentralizado que nos hemos dado los españoles y el alto grado de competencias que se han transferido de la administración central a las administraciones autonómicas. Entre ellas por supuesto la educación. Así tras dos décadas de educación autonómica, los diferentes modelos y políticas aplicadas en cada Comunidad Autónoma la suerte seguida por los alumnos en la diversa geografía española ha resultado dispar. Mientras Comunidades como Madrid, Castilla y León y Cataluña obtienen resultados por encima del promedio, Andalucía, Baleares y Canarias se hunden por debajo del mismo y lastran la nota media del Estado.

Aquellas voces que culpan al modelo territorial autonómico del estancamiento educativo, ocultando otro tipo de intereses políticos uniformadores, hay que decirles claramente que bien al contrario la competencia entre distintos territorios por mejorar la calidad de la enseñanza es una garantía a futuro. Es más, supone un incentivo y un enfoque desde la autorresponsabilidad para los políticos que deben poner en marcha las medidas para mejorar la educación. De hecho antes de que la Constitución de 1978 diera sentido a la pluralidad nacional del Estado español, las diferencias de nivel educativo entre territorios eran muy superiores a las actuales y se establecían por mera discriminación económica. Las zonas ricas gozaban de una educación muy superior a las áreas más pobres. Al Estado, pues, le corresponde velar por la correcta coordinación de las políticas educativas, por incrementar paulatinamente los niveles de mínimos en las evaluaciones y por incentivar en todas las comunidades la puesta en marcha de procesos de calidad y excelencia.

España ocupa una plaza mucho más notable en la clasificación de países de la OCDE por su nivel de PIB y de renta per cápita – novena potencia mundial -, estadÍsticas donde sí ha mejorado sustancialmente sus posiciones en las últimas décadas. Esta desproporción entre nuestras capacidades económicas y nuestras aptitudes formativas pone de manifiesto el problema más grave de nuestro sistema productivo y de nuestra propia sociedad y que por desgracia se está manifestando de forma cruda en esta crisis: el paro.

No somos capaces de alcanzar niveles satisfactorios de creación de empleo si no crecemos por encima del 2 por ciento. Nos empeñamos en culpar de ese mal endémico a las normas de nuestro mercado laboral cuando el verdadero causante estructural no es otro que las deficiencias de nuestro sistema educativo que hoy pone en titulares el informe PISA. Si no somos capaces de educar más y mejor a nuestros hijos, todos los demás esfuerzos por reformar nuestros mercados y nuestros centros de producción serán baldíos. Motivemos a profesores y alumnos, ejemplarizemos en torno a los mejores, a los que más se esfuerzan por mejorar, en una palabra demos a la educación el máximo valor social que su relevancia requiere y realizando una decidida apuesta por el recurso más importante que un país tiene, las personas, saldremos ganando todos.

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